PapayaGate: se acercan cinco años de investigación y aún no hay formalizados

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Investigación por el mayor fraude al fisco cometido en la región y otros delitos mantiene como imputados pero no formalizados a la exintendenta regional Lucía Pinto (UDI) y a sus colaboradores más cercanos. La Fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, ha sido cuestionada por la lentitud del proceso.

Tuvo que ser la Unidad de Investigación del portal Bio Bío Chile, el 24 de septiembre de 2020, para que la noticia explotara hacia la opinión pública del caso que denominó Papayagate.

Pero los periodistas locales ya sabían, desde el 31 de agosto de ese año, que la Contraloría General de la República, a través de la resolución exenta N° PD00860, había ordenado un sumario administrativo y designado a un fiscal para investigar los hechos donde el propio organismo contralor fue desoído en reiteradas oportunidades donde prohibía la compra de paños de terrenos por saltarse pasos irrenunciables en lo administrativo, como es “la toma de razón”, por lo que determinó pasar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público por consignarse la ocurrencia de delitos.

Pese a que la noticia era conocida por periodistas participantes de un grupo de WhatsApp creado en paralelo al grupo oficial donde las autoridades regionales daban información sobre los efectos locales de la pandemia por Covid-19, a raíz del estado de excepción sanitaria y las cuarentenas, ninguno se atrevió a publicar la información en sus respectivos medios aún cuando contaban con el documento de Contraloría y otros referidos a los terrenos de los futuros hospitales de La Serena y Coquimbo. Pero hubo una excepción. Fue en el informativo de radio América donde se difundió el conflicto pero, por la naturaleza misma de temporalidad de la radio y al no contar con una página web vigente, la noticia se perdió hasta que la opinión pública se entera, por Santiago, de la escandalosa información.

Los hechos

En septiembre se cumplirán 5 años desde el inicio de la investigación por parte de la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, fuese nombrada por el exfiscal nacional Jorge Abbot para iniciar la investigación penal tras la presentación reservada que realizó el Contralor General de la República de la época, Jorge Bermúdez, el 3 de septiembre de 2020. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados fueron de $9.800 millones, en circunstancias que no costaban más de $4 mil millones. Las tierras se encuentran en el sector de los colegios hacia el cerro Grande, por San Ramón.

En el documento se establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio, pero lo hizo igual.

La exautoridad regional del gobierno de Sebastián Piñera, usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso se sumaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.

Se descubrió que Pinto dictó una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas– para obviar el control de legalidad, según se concluye.

Lo más grave, detalla la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.

Fiscalía, la única que no acusa

Hay tres querellas presentadas por esta causa. Una del Consejo de Defensa del Estado, otra del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y una del Servicio de Impuestos Internos.

El Consejo de Defensa del Estado logró medidas cautelares para resguardar bienes, como inmuebles y vehículos, ante una eventual condena de los involucrados.

Mientras que la Contraloría, ya en el gobierno de Gabriel Boric, sancionó con la destitución de Lucía Pinto aún cuando ésta haya renunciado al cargo años antes. Este trámite administrativo es importante porque le prohíbe ejercer cargos públicos por 5 años. Sin embargo, quien debía firmar era el actual mandatario, asunto que se desconoce si lo hizo o no.

Respecto a otros funcionarios implicados como el exadministrador regional José Cáceres, fueron sancionados administrativamente incluyendo al funcionario de la municipalidad de La Serena, con la suspensión de cargo por algunas semanas y la reducción del sueldo.

El Serenense se comunicó con el senador comunista Daniel Núñez, quien lideró la Comisión Especial Investigadora del PapayaGate. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta.

Para quién sí habló fue para el medio capitalino El Mostrador, donde se preguntó “¿qué más falta para que la Fiscalía actúe? ¿Por qué este caso sigue en la más absoluta lentitud? La ciudadanía necesita instituciones que realmente protejan los recursos públicos y persigan con decisión el fraude y la corrupción. La impunidad no puede seguir siendo la norma”, declaró.

Lo que viene

“La investigación desformalizada ha reunido un importante volumen de antecedentes y se encuentra en etapa de toma de decisiones, las que serán adoptadas en las próximas semanas”, manifestaron desde Fiscalía, lo que no es nuevo, ya que antes han habido expresiones similares.

De concretarse la formalización, recién se estaría en condiciones de iniciar un juicio oral por este bullado caso.