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Conferencia Episcopal recurre a Contraloría por restricción a objeción de conciencia

El “Téngase Presente” obedece a la iniciativa gubernamental de modificar el actual reglamento que regula este derecho en casos de aborto. Iglesias Católica y Evangélicas piden que no se tome razón del documento.

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Red Comunales

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El “Téngase Presente” obedece a la iniciativa gubernamental de modificar el actual reglamento que regula este derecho en casos de aborto. Iglesias Católica y Evangélicas piden que no se tome razón del documento.

Según la Conferencia Episcopal de Chile y autoridades evangélicas, el Gobierno ha dictado un Decreto para modificar el actual reglamento que regula la objeción de conciencia en casos de aborto, restringiendo el ejercicio de este derecho.

Por ello ha decidido recurrir -nuevamente- ante la Contraloría General de la República a través de un “téngase presente”, firmado por el arzobispo René Rebolledo, presidente de la CECh.

En el escrito se argumenta que “no se debe tomar razón de dicho Decreto”, indicándose que la modificación “vulnera la Constitución y normas legales vigentes, estableciendo una discriminación arbitraria hacia los objetores, limitando su derecho fundamental a la libertad de trabajo e incluso modificando administrativamente el sentido de la ley 21.030 (ley IVE)”.

De acuerdo a los religiosos, la modificación del reglamento establece que se deberá preferir a los no objetores en la contratación y selección de turnos, y añade trabas burocráticas para los objetores de conciencia.

Además, impondría la obligación de señalar que la objeción de conciencia es una excepción, “contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Código Sanitario, que establecen que la ley IVE es una despenalización y que el aborto sigue siendo por regla general un delito. Contra esto, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal recuerda que la objeción de conciencia es un derecho fundamental garantizado por la Constitución, por la ley y por tratados internacionales, por lo que solicitan a la Contraloría que no tome razón del reglamento, al ser inconstitucional e ilegal”, se señala.

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