Corte de La Serena confirma prisión preventiva para imputados por asociación ilícita, fraude y lavado de activos

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó este miércoles 12 de febrero el recurso de apelación presentado por las defensas y confirmó la prisión preventiva de N.P.C.M. y B.O.G.G., exfuncionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; C.A.M.F., esposo de N.P.C.M.; y M.A.S.B., todos imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos. Los ilícitos habrían sido cometidos entre los años 2019 y 2024 en la comuna de La Serena.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Marcela Sandoval Durán y Carlos Jorquera Peñaloza, confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de La Serena, al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal también desestimó los argumentos de las defensas respecto a la calificación de funcionarias públicas de las imputadas N.P.C.M. y B.O.G.G., ratificando la imputación del Ministerio Público como autoras del delito de falsificación de instrumento público. Asimismo, en relación con el delito de asociación ilícita, el fallo señala que existen antecedentes que sustentan la acusación y que permiten evidenciar una estructura jerárquica en la comisión de los hechos.

Respecto al delito de lavado de activos, la Corte indicó que no se presentaron elementos que permitieran cuestionar la existencia de las transacciones investigadas y que se advierte una triangulación de los dineros recibidos por los imputados. Además, se destacó que los fondos defraudados estaban destinados a programas municipales asociados a la red de salud y al tratamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

El tribunal rechazó las solicitudes de considerar las labores de cuidado de los imputados hacia sus familiares al momento de decretar la medida cautelar, argumentando que los delitos imputados y la calidad de funcionarias públicas de dos de las acusadas justifican la prisión preventiva.

El ministro Pulgar Bravo explicó que la Corte consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita compuesta por los cuatro imputados, quienes se organizaban para emitir boletas por servicios no prestados en la corporación municipal y sustraer fondos destinados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, entre 2019 y 2024 los imputados habrían operado de manera sistemática para defraudar fondos públicos por un monto aproximado de $762.778.091. Para ello, se habrían organizado en funciones específicas: N.P.C.M., en su calidad de coordinadora del Departamento de Salud, administraba programas financiados con fondos públicos y autorizaba boletas fraudulentas; B.O.G.G. reclutaba personas ajenas a la corporación para facilitar claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos y emitir boletas falsas; C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., recibía los fondos defraudados y los incorporaba al sistema financiero a través de sociedades y cuentas bancarias; mientras que M.A.S.B. habría reclutado personas y gestionado la mayor parte de los fondos defraudados.

Con esta resolución, los imputados deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación y se define su responsabilidad en los hechos.