Fiscalía investiga al Gobierno Regional de Coquimbo por fraude al fisco

$9.800 millones pagó el Gobierno Regional de Coquimbo por un lote de 6 terrenos, cuyo valor no superaría los $4mil millones y que no pasó a toma de razón por la Contraloría, requisito ineludible, según una investigación de Radio Biobío.

Ese medio consigna que “el Gobierno Regional decidió comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos. La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Sin embargo, a principios de julio pasado y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados. Por esta razón, se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la perseguidora regional de Valparaíso para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella. En tanto, la intendenta Lucía Pinto (UDI) confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío”.

Agrega además que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.

Las razones para ello se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.

La entidad que dirige Bermúdez descubrió también que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye.

Lo más grave, detalla la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.

Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto -y eventualmente a otros funcionarios- ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.

El proceso para la compra y que hoy está en la mira de la fiscalía, comenzó en enero de 2019, cuando el GORE recibió una “carta de intención”, en la que un grupo de sociedades inmobiliarias manifestaba su intención de vender seis lotes por $9.819 millones. Estos correspondían a 61.874 MT2 a un precio de 5,8 UF por metro cuadrado.

Ese mismo mes de enero, el GORE solicitó dos informes de tasación independientes para definir cuánto valían los terrenos. El primero entregó $4.000 millones de pesos como precio, mientras que el segundo poco más de $3.972 millones.

El 9 de octubre de 2019 el GORE finalmente aprobó la adquisición, decisión que fue rechazada de inmediato por la Contraloría. Entre otros argumentos porque los terrenos no cumplían los requisitos mínimos para llevar adelante el proyecto.

La Intendencia Regional dejó sin efecto la decisión anterior y en su reemplazo dictó un nuevo documento, aprobando la compraventa. Sin embargo, en esta oportunidad, agregó dos nuevas tasaciones para rejustificar la operación. En números, la primera indicaba que el valor ascendía a $8.755 millones y la segunda a $9.180 millones. En otras palabras duplicaban el valor de las tasaciones de 2019.